Desde que en enero de 2012 comenzara el conflicto armado que provocó el golpe de Estado del 22 de marzo, el número de personas que se han visto obligados a huir de sus hogares en necesidad urgente de agua, comida, refugio y saneamiento no ha dejado de crecer.

Se estima que cerca de 145.000 personas, el 80 por ciento mujeres y niños, han buscado refugio en los países vecinos como Burkina Faso, Mauritania, Níger, Argelia, Togo y Guinea. La cifra de desplazados internos se eleva a cerca de 229.000 malíes. Sus condiciones de vida son deplorables. Dependen de la asistencia humanitaria y de la solidaridad de las comunidades que los acogen, que son extremadamente pobres y están recuperándose de la crisis alimentaria regional.

La  reciente intensificación de los combates en Malí, que incluye la intervención del ejército francés desde el pasado 11 de enero,  podría empeorar las restricciones al acceso humanitario y provocar una nueva oleada de desplazamientos e incremento de las necesidades.

Aunque en este momento la información es limitada, las primeras estimaciones cifran en 10.000 las personas que se han desplazado a causa de los últimos combates. Según Naciones Unidas, 1.230 malíes han llegado a Níger, Burkina Faso y Mauritania en los primeros días de enfrentamientos entre las tropas francesas y los grupos armados.  

En este escenario, es vital que se cumplan las medidas que contempla la resolución 2085 aprobada en diciembre por el Consejo de Naciones Unidas, en la que se autorizaba el despliegue de una fuerza militar internacional –AFISMA, siglas en inglésque exige a todas las partes implicadas en el conflicto a que respeten el Derecho Internacional Humanitario  y a que minimicen el impacto de la acción militar en la población civil.

Posible empeoramiento de la  crisis alimentaria

La  inestabilidad en el país está dificultando aún más la recuperación de la crisis alimentaria que ha afectado a más de 18 millones en la región, de ellos 4,6 millones en Malí. El conflicto está  afectando no solo de las poblaciones más empobrecidas del país sino las de los países vecinos que están acogiendo a miles de personas.  Los refugiados viven con comunidades que están luchando por salir adelante frente a la inseguridad alimentaria, la pobreza y la escasez de servicios sociales básicos. En este momento, es vital acompañar a las comunidades más empobrecidas en el camino de la recuperación.

Intermón Oxfam trabaja en la región del Sahel desde hace décadas. La respuesta a la crisis de los refugiados y las poblaciones de acogida  la iniciamos a principios de 2012, labor que estamos coordinando con la implementación de programas para apoyar a las comunidades más empobrecidas a hacer frente a la crisis alimentaria desde finales de 2011. Nuestra intervención ha llegado ya a más de 1 millón de personas.

En este momento, estamos apoyando a miles de malíes con ayuda humanitaria  en el norte del país, en la región de Gao. El objetivo es llegar a cerca de 60.000 personas. En este contexto, acompañamos a la población malí con un programa a largo plazo de educación y apoyo a iniciativas productivas, especialmente de mujeres.

Además, estamos proporcionando servicios de agua, saneamiento y ayuda alimentaria a más de 100.000 refugiados de Malí y a las poblaciones de acogida en Burkina, Mauritania y Níger. El objetivo es llegar a 147.000 personas.

En Burkina Faso, estamos liderando la respuesta humanitaria en agua, saneamiento e higiene en 4 de los 5 campos existentes: Damba, Mentao, Ferrerio y Goudebo. En Mauritania, el campo de Mbera, en el que en la actualidad cuenta con 54.000 refugiados,  está siendo el centro de nuestra intervención facilitando el acceso a agua y saneamiento.

En Níger, nuestra respuesta con refugiados se centra también en el suministro de agua y saneamiento, así como en programas de educación. Operamos en los campos de  Mangaize, Abala y Baninbangou. Además, estamos distribuyendo alimentos en Loga, Dosso y Sokorbé. Hemos llegado a más de 14.000 personas y nuestro objetivo es poder apoyar a más de 63.000.

La actual intensificación del conflicto armado en Malí podría agravar aún más la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. Tras los primeros combates desde la reciente intervención militar francesa, más de 30.000 personas han abandona sus hogares huyendo de la violencia. El número de personas que han tenido que huir de sus hogares desde el inicio de la crisis se eleva a 374.000. Solo en las últimas 24 horas, se han registrado en el campo de tránsito de Fassala, en Mauritania, cerca de 500 nuevas entradas.

El actual escenario podría incrementar las necesidades humanitarias de la población malí y de la de los estados vecinos y empeorar el acceso humanitario. Ante esta situación, se hace vital que todas las fuerzas militares y actores armados implicados en el conflicto respeten el Derecho Internacional Humanitario, al igual que los derechos humanos y no lleven a cabo ninguna acción que ponga en peligro la capacidad de las organizaciones humanitarias para prestar apoyo.

Esto incluye garantizar todas las medidas necesarias para minimizar el daño a la población civil, como contempla la resolución 2085, aprobada en diciembre de 2012 por el Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas, en la que se autoriza el despliegue de una fuerza militar internacional –AFISMA, siglas en inglés-.

Búsqueda de una solución pacífica
El Presidente del Gobierno indicó el año pasado en la Asamblea General en Nueva York que el compromiso de España con el Sahel debe demostrarse “precisamente cuando las dificultades de la región lo hacen más necesario”. Ese momento ha alcanzado su punto culminante y más dramático con la intensificación de los combates en Malí y su  impacto humanitario. Para ser consecuente con sus declaraciones, España debe poner a la población civil malí en el centro de sus decisiones.

Así, debe asegurar que las fuerza militares  implementen las medidas, recogidas en la resolución, que minimizan el impacto de la acción militar en la población civil. Esto lo puede hacer a través de su relación privilegiada con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental -CEDEAO-, que liderara la fuerza internacional AFISMA, y dentro de la Unión Europea, que se ha comprometido a apoyar la formación de las fuerzas armadas malíes. Por otro lado, debe recordar a todas las partes en el conflicto, incluido a sus socios franceses, que se respete el Derecho Internacional Humanitario.

Además, España no debe escatimar ningún esfuerzo para también recordar y contribuir a que se priorice encontrar una solución duradera y pacífica al conflicto, tal como señaló el Consejo de Seguridad en su resolución de diciembre. Esta solución, en la que debe participar la sociedad civil y organizaciones de mujeres, debería contemplar la adopción de medidas que hagan frente a la pobreza crónica, el hambre y la exclusión en Malí y en el Sahel; esto requiere un refuerzo de las instituciones democráticas y una distribución eficaz de los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales.

También debería abordar las necesidades humanitarias más urgentes, fruto del desplazamiento y conflicto, no solo afrontar las amenazas regionales y globales de seguridad.

En este sentido, con los recortes en materia de cooperación, que han sido particularmente drásticos en las partidas de acción humanitaria -12 millones de euros en 2013, lo que significa un 90 por ciento de reducción-, la cooperación española corre el riesgo de no poder seguir ayudando a las poblaciones más vulnerables del norte de Malí y a los refugiados en los países vecinos que aumentan día a día.

Sin fondos adicionales para la ayuda humanitaria, el deseo del Presidente del Gobierno, expresado en la reunión de Nueva York, de que el Sahel“objetivo de desarrollo, seguridad y derechos humanos sea una realidad para Malí y para todo el Sahel” se quedará en papel mojado y España no podrá cumplir sus compromisos internacionales con la región.