Gracias al apoyo de personas como tú, las familias afectadas por los desalojos en el Valle de Polochic han entregado el lunes 22 de abril las 107 mil firmas recogidas en 55 países, entre ellos España. Tras una gran acción de movilización realizada frente al Palacio presidencial, consiguieron ser recibidas por el Ministro de Agricultura. El Gobierno ha reconocido que se comprometió hace más de un año a dar tierras a las familias desalojadas, y que no ha cumplido. Expresó que comparte la demanda de las organizaciones campesinas del Polochic, y la considera válida y legítima.  También manifestó que el Gobierno guatemalteco cuenta con dinero y voluntad para resolver la situación de estas familias.

Gracias a este tremendo apoyo internacional a las organizaciones campesinas de Guatemala, el Gobierno se ha comprometido a buscar mecanismos para hacer efectiva la compra de tierras para las familias desalojadas. También se ha comprometido a proporcionar atención alimentaria a las familias y a aplicar una política de desarrollo en el Valle del Polochic que permita solucionar los conflictos sociales. Tanto Oxfam como las organizaciones de la Marcha Campesina Indígena y Popular mantenemos nuestras acciones de apoyo hasta que las familias desalojadas puedan salir finalmente de la cuneta.

Un reciente informe hecho público por Naciones Unidas en Guatemala, respalda punto por punto las principales peticiones de las organizaciones campesinas de aquel país y pide al Gobierno de Guatemala que suspenda los desalojos forzosos hasta contar con una legislación al respecto. También insta al Gobierno de Guatemala a cumplir los compromisos que adquirió con El Polochic.

Este caso en Guatemala es un ejemplo claro de acaparamiento de tierras, una tendencia cada vez más extendida que, bajo la apariencia de inversión en agricultura, da lugar a desalojos, engaños, violaciones de los derechos humanos y destrucción de las formas de vida de comunidades vulnerables que dependen de la tierra para subsistir.

Por ello, la coalición Oxfam inició una campaña internacional para pedir al Banco Mundial que suspenda las grandes transacciones de tierra  hasta establecer los mecanismos legales  para hacerlo de una forma más justa. Gracias al apoyo social, el Banco Mundial ha comenzado a dar pasos en esta dirección.

Dos años después de la violenta expulsión de sus tierras y sus casas, las 769 familias siguen viviendo en condiciones indignas, sin casas donde vivir, ni tierras que cultivar. En marzo de 2011 sus viviendas y cultivos fueron quemados y tres campesinos murieron como consecuencia de la violencia empleada en el desalojo por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la empresa Chabil Utzaj.

Recientemente los alimentos que habían cultivado a la orilla del río (tierras del Estado) han sido arrasados por la empresa azucarera que los expulsó, dejando a las familias sin los granos básicos para su subsistencia.

Rigoberta Menchú, pide que se apoye la lucha de los habitantes del Polochic, expulsados violentamente de sus tierras.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno guatemalteco que aportara los recursos necesarios para garantizar a esa población la alimentación, seguridad, salud y vivienda, ha pasado más de un año y el gobierno no ha cumplido con ninguna de esas medidas.

Las familias campesinas que trabajaban la tierra cultivando maíz, frijol y otros alimentos, ahora padecen hambre. El presidente de la república se comprometió a adjudicar tierras a las familias afectadas, pero hasta ahora sólo les ha ofrecido tierras pantanosas no aptas para cultivos ni viviendas.

Los campesinos y campesinas del Valle del Polochic no quieren bolsas de alimentos, ni fertilizantes. Sólo quieren que les devuelvan las tierras en las que han vivido y cultivado sus alimentos durante generaciones.

Este caso en Guatemala es un ejemplo claro de acaparamiento de tierras, una tendencia cada vez más extendida que, bajo la apariencia de inversión en agricultura, da lugar a desalojos, engaños, violaciones de los derechos humanos y destrucción de las formas de vida de comunidades vulnerables que dependen de la tierra para subsistir.

Por ello, la coalición Oxfam inició una campaña internacional para pedir al Banco Mundial que suspenda las grandes transacciones de tierra  hasta establecer los mecanismos legales  para hacerlo de una forma más justa. Gracias al apoyo social, el Banco Mundial ha comenzado a dar pasos en esta dirección.