Que pensamos sobre el agua

El derecho al acceso al agua y el saneamiento se integra dentro del derecho de las poblaciones de los países en desarrollo a acceder a servicios sociales básicos. Sin él, las personas ven menguada su salud, pierden oportunidades educativas, profesionales y económicas, comprometiendo sus oportunidades personales y colectivas de luchar contra la pobreza.

A los Estados compete la responsabilidad de garantizar la universalidad de estos derechos, asegurando una regulación específica que garantice el derecho de modo igualitario para todos sus ciudadanos y ciudadanas sin discriminación legal o efectiva, la constitución de un sistema público que garantice este derecho (en combinación, si es oportuno, con la actuación de actores privados), y la dotación de recursos financieros y otros recursos necesarios.

Los Estados del Norte, como España, tienen también un papel que jugar y una responsabilidad que afrontar frente a las poblaciones empobrecidas de los países en desarrollo para que vean satisfecho este derecho: por un lado, a través de la ayuda al desarrollo; por otro, mediante un papel activo y sensible al derecho universal de acceso al agua en los foros y organismos internacionales.

Tenemos que recordar que son necesarios al menos 30.000 millones de dólares al año para que en 2015 hayamos conseguido reducir a la mitad el número de personas sin acceso a agua y saneamiento -meta con la que se comprometieron todos los Estados miembros de Naciones Unidas en el año 2000- y más de 80.000 millones al año si pretendemos que este servicio esencial no sólo garantice el suministro de agua sino que incluya la recogida y tratamiento de las aguas residuales domésticas y la gestión integrada del agua, como ocurre en nuestro país, lo cual produciría consecuentemente beneficios considerables en la salud pública, que sufre de muchas carencias en estos países, y la sostenibilidad ambiental.

Si cuentan con el apoyo financiero y político de los Estados del Norte, a los Gobiernos de los países en desarrollo les corresponderá impulsar con su voluntad política las medidas para garantizar este acceso universal al agua y saneamiento, que se habrá de concretar en la elaboración de políticas nacionales de agua segura. Es un aprendizaje claro que estas políticas, si son políticas verdaderamente orientadas a la lucha contra la pobreza, tendrán que apostar por fortalecer la capacidad pública a largo plazo para proporcionar estos servicios, especialmente subsidiados para las familias pobres y en las comunidades rurales; porque conocemos casos donde la mayor parte de las inversiones en agua y saneamiento, al ser ejecutadas por empresas privadas en busca de los mayores beneficios, se han concentrado en las grandes ciudades abasteciendo ventajosamente a la población rica del país y excluyendo a grandes masas de la población del disfrute de este derecho esencial.